Los sistemas de pagos se pueden comparar con los sistemas de comunicación: para que ocurra una transacción debe existir un emisor (una persona que realiza el pago), un receptor (una persona que recibe el pago) y un canal en el que se realizan las transacciones. En el caso de los sistemas de pagos electrónicos el canal se convierte en algo sumamente relevante, pues resulta indispensable el servicio de conexión a internet. Tanto el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la Transferencia Electrónica de Fondos operado por la cámara de compensación (TEF-Cecoban) requieren de la aprobación de Banxico a través de su red privada para poder aceptar transacciones (Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 2014). Consecuentemente, la conexión toma un papel importante dentro de las transacciones por medios digitales.
Hoy en día, existen diferentes alternativas para evitar el uso del efectivo. Las transferencias, pagos electrónicos, el cobro digital (CoDi®) o los pagos a través de teléfonos móviles surgen como una opción para poder realizar transacciones de manera formal y regulada mediante un sistema de pagos digitales. Dichos pagos se encuentran fuertemente ligados a conexiones de red debido a que es necesaria una aprobación por parte del Banco de México (Banxico). En este sentido, resulta ser poco viable para el sector de la población que no cuenta con servicio de internet usar estos métodos de pago y deriva en una exclusión financiera (EF).
¿Cuál es el problema?
La EF es el principal problema derivado de la falta de acceso al sistema de pagos electrónicos. Esta se puede definir como un proceso en el que un sector de la población vive un bloqueo total o parcial hacia los productos y servicios financieros los cuales permitirían que sus necesidades básicas humanas sean satisfechas y alcancen nuevos estándares sociales (Caplan, Birkenmaier, and Bae 2021). En este sentido, las personas viven este bloqueo al no poder acceder al sistema por falta de acceso a la red y lleva a la población a no aceptar pagos con tarjetas o transferencias por ejemplo. Debido a esto, existen muchas oportunidades de crecimiento económico y social a las cuales no se pueden acceder.
Como consecuencia de lo anterior, el principal bloqueo que presentan los pagos alternativos al efectivo es la accesibilidad a los servicios digitales dentro del país, principalmente a internet. Por ejemplo, para poder contratar una terminal punto de venta es necesario contar con una precondición: tener internet y/o acceso a Wi-Fi para poder aceptar pagos. Del mismo modo, las transferencias y CoDi® requieren que la persona cuente con una conexión a internet para poder operar dentro de este sistema. En este sentido, es importante analizar qué sector de la población puede realizar estas transacciones a partir de datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.
Mapa 1. Porcentaje de la población que no cuenta con internet por entidad federativa
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2020.
Como se puede observar en el Mapa 1, existe una gran parte de la población en México que no cuenta con conexión a internet. En Estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco más de la mitad de su población no tiene acceso a internet en su vivienda, lo que complica el acceso a las tecnologías transaccionales. Dentro de los Estados anteriormente mencionados existe una predominancia de zonas rurales por lo que el problema de desarrollo se complica aún más.
Gráfica 1. Porcentaje de tenencia de internet y celular
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDUTIH 2020.
Un dato notable es el que se muestra en la gráfica 1 debido a que, aunque existe una parte importante de la población con celular, esto no es indicativo de que se cuente con internet. Debido a lo anterior, es importante considerar que la sola tenencia de celular para poder realizar operaciones transaccionales no garantiza que se puedan realizar dado que la conectividad es relevante para poder lograr una transacción exitosa. Resulta necesario que las personas accedan a internet para lograr un verdadero impacto de inclusión financiera.
Implicaciones de política pública
Los datos que se presentaron anteriormente nos dan una visibilidad de un problema de conectividad que puede traducirse en exclusión financiera. El gobierno de México ha brindado estrategias para facilitar los pagos de manera electrónica como lo fue el CoDi®. Sin embargo, todas ellas requieren de una inclusión digital sustancial lo que puede llevar a una nueva dimensión de un problema.
Finalmente, el reto principal no se trata de modificar los requerimientos de verificación de las transacciones. El reto está en llevar la conectividad a aquellos sectores de la población que no poseen servicio de internet para lograr una integración financiera. Esto es debido a que se ha convertido en un prerrequisito para poder realizar transacciones diferentes al efectivo. Del mismo modo, esto podría ser un incentivo para la tenencia de instrumentos de ahorro como tarjetas de débito o cuentas digitales. Incluir financieramente a la población trae beneficios económicos y el acceso a internet es un buen instrumento para lograrlo.
Referencias bibliográficas
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 2014. “Trabajo De Investigación Y Recomendaciones Sobre Las Condiciones De Competencia En El Sector Financiero Y Sus Mercados.” https://www.cofece.mx/cofece/images/Estudios/COFECE_trabajo_investigacion_prot.pdf#pdf
Caplan, Mary A., Julie Birkenmaier, and Junghee Bae. 2021. “Financial Exclusion in OECD Countries: A Scoping Review*.” International Journal of Social Welfare 30 (1): 58–71. https://doi.org/10.1111/ijsw.12430
INEGI. 2020. “Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de La Información 2020.”
https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/#Documentacion
INEGI. 2022. “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.” https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2018
Crédito de imagen: The Graphic Space
