El incremento sostenido de solicitantes de asilo en México durante los últimos años ha coincidido con una acelerada digitalización de la gestión migratoria. Hoy en día, solicitar protección, agendar una cita o consultar el estatus de un trámite requiere, de manera casi obligatoria, un teléfono inteligente y conexión a internet. Sin embargo, la tecnología no se adopta en el vacío: opera en territorios atravesados por la violencia y en cuerpos marcados por el cansancio. ¿Cuáles son las claves para comprender este fenómeno?
A partir de testimonios levantados en territorio durante el primer trimestre de 2026, es posible identificar algunas claves para entender cómo se relacionan con el entorno digital. En primer lugar, el celular aparece como una infraestructura crítica. Para un migrante, el teléfono es mapa, billetera, carpeta de documentos, canal de auxilio y la única conexión a casa. Perder el celular representa más que una pérdida material, es una catástrofe que puede interrumpir la trayectoria migratoria y generar malestar emocional.
Por otra parte, para usar un celular se necesita conectividad, pero en México las normativas exigen identificación oficial (pasaporte o DNI) para comprar una tarjeta SIM regular. Al no contar con estos documentos en tránsito, la población migrante queda excluida del sistema formal. Esto la empuja a depender de redes de confianza (amigos, compañeros de albergue, familiares a la distancia o personal humanitario) para que alguien más compre el chip a su nombre, le cree un correo o revise sus notificaciones. La apropiación digital, por tanto, no es individual: es una estrategia colectiva y mediada por la fe en el otro.
Desde el ámbito de la interacción individual, quienes transitan por México enfrentan extorsiones, acoso de la delincuencia organizada y el temor constante a la vigilancia estatal. Estudiar o aprender una herramienta digital bajo este nivel de estrés agudo genera una enorme fatiga mental y sensaciones de angustia. Tiene poco sentido exigir la adquisición de habilidades digitales complejas en un contexto de crisis y supervivencia. A pesar de esto, emerge una notable resiliencia digital: formas comunitarias en las que unos guían o enseñan a otros a navegar en la red.
Por último, ante la falta de orientación institucional, los solicitantes de asilo discriminan la información de internet guiándose por la popularidad aparente (cantidad de likes, comentarios o comparticiones) o la recomendación de boca en boca de un conocido. Aunque esta estrategia ayuda a calmar la ansiedad, los expone de manera constante a estafas, fraudes y desinformación en redes sociales.
Ahora cabe preguntarse, ¿cómo pueden los tomadores de decisiones incorporar estas claves en el diseño de política pública? Si la política pública migratoria continúa asumiendo que todos los usuarios tienen el mismo acceso, conectividad estable y habilidades digitales, seguirá reproduciendo dinámicas de exclusión social. Por tanto, una política pública inclusiva debe considerar aspectos como la eliminación de barreras para adquirir legalmente una tarjeta SIM; la adaptación multicultural de portales digitales orientados a la gestión de trámites y servicios, con interfaces sencillas de comprender y utilizar, y siempre acompañados de alguna vía de atención humana; y la adopción de contrapesos institucionales que puedan prevenir el riesgo permanente de violaciones a la privacidad a la que está expuesta la población en movilidad por parte de las autoridades con quienes interactúan en su ruta.
Por último, cabe preguntarse: ¿de qué manera es posible impulsar la inclusión digital entre esta población? Las acciones emprendidas por diversos actores deben tener en el centro las condiciones del territorio y las prácticas reales de la población. Una primera respuesta está en reconocer que los albergues y refugios tienen un rol de telecentros informales, ya que es ahí donde los usuarios de sus servicios pueden acceder a internet y recibir algún tipo de acompañamiento o mediación para el acceso a servicios digitales. El fortalecimiento de capacidades de estos espacios puede tener un impacto positivo sobre la apropiación digital de sus usuarios. En segundo lugar, la interacción digital está antecedida por la formación de redes comunitarias de pares que comparten tips de uso del celular en relaciones cara a cara, entre amigos y familiares; las acciones de inclusión digital pueden considerar estas redes existentes y aprovecharlas para establecer espacios de alfabetización formal. Por último, pero no menos importante, se necesita articular esfuerzos entre agencias internacionales, organizaciones civiles, empresas de telecomunicaciones y gobiernos locales para crear puntos de acceso públicos y gratuitos a internet (como en centros comunitarios o bibliotecas), garantizando que sean espacios seguros y libres de control migratorio.
Te invito a consultar el artículo completo titulado “Desigualdad digital en movilidad: Conectividad, apropiación tecnológica y desafíos en el tránsito por México” (Accede aquí: ag_Desigualdad digital en movilidad.docx), como parte de las memorias de la 18.ª Conferencia Internacional CPR LATAM (Communications Policy Research Latin America) 2026, celebrada en São Paulo, Brasil, donde se analizan a detalle los testimonios, las tensiones de poder y las trayectorias de los solicitantes de asilo que le dan rostro a esta investigación.
