El 30 de abril de 2020 se llevó a cabo la segunda jornada de Parlamento Abierto «Análisis sobre la iniciativa de identidad y ciudadanía digital», un ejercicio de inclusión para el enriquecimiento del proceso legislativo. Este evento fue organizado por el Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. Se reunieron tomadores de decisiones y analistas especializados en el tema para discutir la propuesta de ley en esta materia. Judith Mariscal, directora ejecutiva de Centro Latam digital, participó en esta reunión y presentó sus recomendaciones sobre la iniciativa de ley.
Las nuevas dinámicas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), basadas principalmente en el procesamiento de datos masivos, la consolidación de plataformas virtuales de colaboración, así como en la creciente expansión de la conectividad móvil, promueven nuevas formas de innovación en cuanto a la resolución de los problemas públicos. Estos avances tecnológicos promueven la colaboración y los intercambios de información entre distintos actores sociales y las entidades públicas.
En cuanto a la participación ciudadana, posibilitan la implementación de esquemas de gobierno abierto, basados en principios de transparencia y acceso a la información públicos, capaces de empoderar al ciudadano y así promover el fortalecimiento de la democracia. Por el lado de la provisión de bienes públicos, facilitan la gestión de trámites y servicios electrónicos e impulsan las transacciones monetarias entre gobierno y ciudadanía a través de mecanismos digitales. En términos de política social, el uso de una ciudadanía digital permitiría precisar la identificación de población objetivo y de los potenciales beneficiarios; al mismo tiempo, al integrar los programas sociales con el uso de banca electrónica, sería posible transferir recursos con mayor eficiencia y seguridad.
No obstante, el diseño de la ley debe contemplar tres retos principales, los cuales, de no resolverse, podrían repercutir en consecuencias perjudiciales para la ciudadanía. En primer lugar, el riesgo de ampliar las distancias sociales en el contexto de brecha digital que atraviesa el país actualmente. Si bien existe un creciente uso de servicios de TIC, particularmente móviles, todavía existen grandes problemas en cuanto al déficit de infraestructura —especialmente entre poblaciones rurales—, así como una falta de asequibilidad y capacitación en el uso de herramientas digitales, especialmente entre población con baja escolaridad y adultos mayores. Es decir, de no tener una estrategia para encarar este reto en el mediano plazo, la exclusión en el acceso y el uso de la ciudadanía digital podría convertirse en un nuevo factor para ampliar las brechas sociales que ya existen.
En segundo lugar, es preciso contemplar asuntos prioritarios en cuanto a privacidad, protección de datos y confianza de los ciudadanos. En este sentido, el gran tema a resolver es la posible tensión entre la garantía en el acceso a los derechos sociales y la protección de datos personales. Esta discusión se refiere a que si bien el uso de la ciudadanía digital podría traer grandes beneficios en cuanto a la asignación de recursos entre población vulnerable, no debe perderse de vista que un posible efecto no deseado es que se condicione el acceso a los programas sociales a la entrega de información personal sensible. Por otra parte, si no se especifican los mecanismos de seguridad para la ciudadanía, es posible que los datos sensibles se utilicen para fines distintos a los que fueron recabados. Este riesgo es especialmente sensible para población vulnerable, ya que el mal uso de la información puede devenir en actos discriminatorios en materia laboral o de acceso a servicios financieros. Sin embargo, la vulneración de la protección de datos personales no circunscribe sus consecuencias a este grupo poblacional, sino que puede afectar de otras maneras, a través del mal uso de datos relacionados con la salud de la ciudadanía o de posibles filtraciones que sean utilizadas para incurrir en abuso de poder por parte de las autoridades en turno. Por tanto, hay que tener en cuenta que incluso países con un alto grado de digitalización gubernamental —como Estonia— han visto ataques cibernéticos que ponen en riesgo la privacidad de la ciudadanía.
Finalmente, hay que contemplar la resolución de temas en materia de coordinación intergubernamental, ya que la implementación de la ciudadanía digital debe contemplar la acción conjunta del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. De este modo, podría diseñarse una serie de medidas integrales que avancen más allá del levantamiento de datos y que permitan aprovechar los esfuerzos vigentes en la materia, con atención a la ciberseguridad, la privacidad de los datos personales, la cobertura y el despliegue de infraestructura, así como la regulación de la calidad y el acceso a los servicios de telecomunicación.
Dentro de este ámbito, resalta el uso de datos biométricos; en primer lugar, su regulación específica debe incluirse en la Ley de Protección de Datos vigente; del mismo modo, la implementación de su uso en un documento de identificación tiene que realizarse en estricto apego a principios de descentralización, transparencia y seguridad, y en vigilancia de que la interoperabilidad de las bases de datos no transfiera el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
En resumen, la identidad digital ofrece grandes beneficios ya que contribuye a hacer accesible la universalización de los servicios públicos, fortalece la participación ciudadana y posibilita la eficiente asignación de recursos públicos a poblaciones vulnerables. Empero, su implementación debe conciliar las tensiones que existen entre el derecho a la identidad, el derecho a la privacidad y el acceso a la propia ciudadanía digital. Así, el llamado es a que se profundicen las especificidades en los apartados de la Ley, con el fin de evitar ambigüedades que den pie a interpretaciones que tengan como consecuencia acciones que vayan en contra de los objetivos originales de su mandato.
