El discurso político de Estados Unidos sobre su frontera con México se ha consolidado bajo el paradigma de la securitización, un proceso político que desplaza el fenómeno migratorio de la gestión administrativa ordinaria hacia el ámbito de la urgencia existencial. Al encuadrar la movilidad humana como una amenaza inminente a la seguridad nacional, el Estado justifica el despliegue de medidas de excepción que encuentran su máxima expresión en la tecnología de vanguardia. No obstante, este proceso oculta una dualidad crítica: mientras que el uso de inteligencia artificial, drones y sensores se proyecta ante el electorado como una promesa de eficiencia y control soberano, en la práctica estas herramientas operan como filtros automatizados que reconfiguran y exacerban las formas históricas de exclusión social y vulnerabilidad legal (Amnesty International, 2023). Así, lo que para el sistema político es un avance en la “protección” del territorio, para la población migrante representa la tecnificación de la desprotección y el borramiento de sus derechos fundamentales.

Una manera de visualizar este fenómeno es analizar la inversión presupuestaria no solo como un recurso operativo, sino como un mecanismo de señalización de “mano dura”. Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2003, el gobierno federal estadounidense ha destinado aproximadamente 409 mil millones de dólares a las agencias de control migratorio (American Immigration Council, 2024). Esta acumulación masiva de capital se ha materializado en una infraestructura que privilegia las políticas de control, pues, para el año fiscal 2026, las justificaciones presupuestarias enfatizan una prioridad en “tecnologías de vigilancia aérea” y biometría (Department of Homeland Security, 2025). De esta manera, el Estado estadounidense ha elegido herramientas de alto perfil, como drones y torres autónomas, que son fácilmente capturadas por los medios de comunicación. Esto sobre inversiones menos visibles, como el fortalecimiento de la justicia migratoria o la capacidad administrativa. En consecuencia, el Estado estadounidense ha tranformado la frontera en un escenario de exhibición tecnológica, donde el despliegue de hardware sofisticado consolidó a la región como un espacio donde el poder soberano es visualmente demostrable y mediatizable para la audiencia nacional. Esto último independientemente de su eficacia técnica para reducir los flujos migratorios (Andreas, 2022; De Genova, 2013).

La tecnología como señalización en el ciclo político

La intensidad del control migratorio muestra una correlación estrecha con la proximidad de los comicios federales, pues opera como una herramienta estratégica de “reclamación de crédito” electoral (Mayhew, 1974). En la ciencia política, este concepto explica que los gobernantes, en su búsqueda de supervivencia política, priorizan acciones cuyos resultados sean fácilmente atribuibles a su gestión personal. Dado que la seguridad nacional es un “bien público difuso”, cuya eficacia suele ser invisible mientras el sistema funciona correctamente, los políticos necesitan manufacturar hitos de éxito que el votante pueda identificar con claridad. En este sentido, el despliegue de recursos en la frontera ofrece este dividendo, pues se busca un escenario tangible donde la inversión en “mano dura” se traduzca en un activo político directo y mediatizable ante las urnas.

Bajo esta lógica, el Estado estadounidesne incrementa la teatralidad de la vigilancia no como respuesta a un aumento técnico de los flujos, sino como un performance de soberanía ante la audiencia nacional (Andreas, 2022). De acuerdo con la teoría de los Border Games, de Peter Andreas, la frontera opera como un escenario donde el éxito de una política migratoria no se mide por su capacidad para detener el cruce de personas “entre bambalinas”, sino por su capacidad simbólica para proyectar una imagen de control absoluto en el “centro del escenario”. En este teatro de la exclusión, la infraestructura tecnológica, como drones, muros y sensores biométricos, sirve para movilizar y capitalizar la ansiedad fronteriza de sectores específicos del electorado. En otras palabras, lejos de ser un fenómeno generalizado, esta percepción de inseguridad se encuentra profundamente segmentada por la identidad partidista. Lo anterior porque, mientras que una mayoría de simpatizantes republicanos identifica la situación fronteriza como una “crisis” inminente, los sectores demócratas tienden a encuadrarla como un reto de gestión administrativa (Pew Research Center, 2024). Así, el espectáculo tecnológico transforma la gestión migratoria en una demostración visual de fuerza soberana que se intensifica estratégicamente durante los ciclos de campaña. La evidencia histórica sustenta esta desconexión entre la presión migratoria real y la actividad coercitiva del Estado, pues, en el año 2000 hubo un flujo de 1.6 millones de aprehensiones, mientras que se ejecutaron únicamente 188,467 remociones. Asimismo, en el año fiscal 2012, a pesar de registrarse un flujo notablemente menor (364,768 aprehensiones), las remociones alcanzaron un pico récord de 409,849 eventos. Este excedente de actividad coercitiva en 2012, un año de elecciones federales, confirma que el endurecimiento fronterizo responde más a una necesidad de señalización política que a una racionalidad técnica de control demográfico.

Los nuevos excluidos de la frontera digital

Sin embargo, esta búsqueda de crédito electoral no ocurre únicamente en un vacío de consecuencias materiales. Esto porque la transformación de la frontera en un escenario de exhibición tecnológica tiene un correlato directo en la vida de las personas en movilidad: la construcción de un “muro digital” que ya no solo vigila, sino que filtra y clasifica de manera automatizada. Esta arquitectura, diseñada para ser consumida como una señal de eficiencia por el electorado, se traduce para el migrante en una red de barreras invisibles donde el ejercicio de derechos fundamentales queda subordinado a la capacidad técnica y conectividad del individuo. En este sentido, la exclusión digital en la frontera está asociada a factores de acceso material y al diseño asimétrico de los sistemas de control (Amnesty International, 2023). 

Para comprender la magnitud de este fenómeno, es imperativo analizar cómo la digitalización estratifica a la población en movilidad al crear categorías de vulnerabilidad basadas estrictamente en el acceso y la identidad técnica. Esta exclusión comienza con la institucionalización de la brecha digital en los albergues fronterizos; al convertir aplicaciones móviles como el extinto CBP One en el conducto exclusivo para tramitar el asilo. De esta manera, el Estado transforma un derecho fundamental en un privilegio condicionado al hardware. Esta dependencia genera una “cola digital” que discrimina de facto a quienes carecen de dispositivos compatibles o de una conexión de red inalámbrica estable, recursos que resultan sistémicamente escasos en los asentamientos de la frontera (American Immigration Council, 2025).

A esta precariedad material se suma la opacidad del sesgo algorítmico, ya que el despliegue de biometría e inteligencia artificial en el control migratorio no constituye un proceso neutral, sino que suele replicar y amplificar prejuicios históricos contra las minorías étnicas. Estos sistemas automatizados exacerban la exclusión del sistema de protección legal mediante errores de identificación y perfiles de riesgo que penalizan de forma desproporcionada a ciertos grupos, lo que convierte a la innovación en una barrera de entrada discriminatoria (Fattoumi, 2026). Finalmente, la vulnerabilidad se agrava mediante la práctica documentada de retirar de forma sistemática los teléfonos móviles en el momento en que las personas entran en custodia de las autoridades fronterizas. Este proceso de aislamiento ocurre de manera inmediata tras el encuentro inicial con los agentes, ya sea que el individuo sea detenido en campo o se presente voluntariamente en un puerto de entrada para solicitar protección (WOLA, 2022). Esta acción, lejos de ser un mero protocolo de seguridad, representa una desarticulación total de la defensa del migrante. Lo anterior porque, al confiscar lo que funciona como su “unidad de supervivencia”, se corta el vínculo vital con redes de apoyo, pruebas documentales y asesoría legal externa, lo que sumerge al individuo en un estado de profundo aislamiento informativo que anula su capacidad de respuesta ante el sistema.

Hacia una gestión técnica y humana

Este análisis muestra que el combate a la irregularidad migratoria no puede, ni debe, seguir subordinado a la expansión de una infraestructura de vigilancia masiva. No “puede” porque la priorización de la visibilidad electoral anula cualquier racionalidad técnica de gestión demográfica, lo que convierte la política pública en un simulacro ineficiente; y no “debe” porque este modelo se sostiene sobre la vulneración sistemática de derechos humanos inalienables. De esta manera, al condicionar el acceso al asilo a la conectividad digital y despojar a los individuos de sus únicos medios de defensa, el Estado incurre en una transgresión de los principios internacionales de debido proceso, privacidad y no discriminación. Si bien la seguridad es un componente legítimo de la soberanía, una política pública que aspire al rigor debe transitar de la opacidad algorítmica hacia la atención de las causas estructurales del desplazamiento (Migration Policy Institute, 2024).

Mientras la frontera funcione como un escenario de “espectáculo” político, continuará el financiamiento de una arquitectura que resulta altamente eficiente para generar capital electoral, pero trágicamente inútil para resolver la realidad humana de la movilidad en el siglo XXI. Los datos son contundentes: la inversión en “fronteras inteligentes” no responde a una racionalidad técnica de gestión demográfica, sino a un cálculo sistémico de supervivencia política (De Haas, 2023). No obstante, es imperativo establecer un límite ético y jurídico definitivo: aun en el hipotético caso de que este aparato tecnológico demostrara una eficiencia operativa superior, la racionalidad técnica bajo ninguna circunstancia puede invocarse como una justificación válida para la vulneración de los derechos humanos. La soberanía no es un cheque en blanco para la deshumanización tecnificada, y ninguna métrica de rendimiento o éxito electoral puede legitimar un sistema que opera mediante la erosión de las garantías fundamentales de la población en movilidad. Esto implica reconocer que la movilidad humana no es un fenómeno espontáneo, sino la respuesta inevitable a un entramado de crisis sistémicas: desde la violencia generalizada y el control territorial del crimen organizado, hasta la precariedad económica crónica y el impacto devastador del cambio climático en la subsistencia básica de las comunidades de origen (Migration Policy Institute, 2024).

Por tanto, mientras la frontera funcione como un escenario de “espectáculo” electoral, el Estado financiará, con miles de millones de dólares, una arquitectura que resulta altamente eficiente para generar capital político. Esta efectividad se traduce en la capacidad de movilizar a la base electoral al posicionar la seguridad fronteriza como la principal preocupación de los votantes en las encuestas de opinión, donde se ha documentado que el tema migratorio es el factor determinante para la intención de voto de una mayoría significativa de los simpatizantes conservadores (Pew Research Center, 2024). Al final, toda esta tecnología avanzada no es más que una publicidad muy cara. Los políticos usan la frontera como un escenario para verse fuertes ante las cámaras y subir en las encuestas, mientras gastan una fortuna en aparentar orden en lugar de enfrentar la realidad humana y las crisis que realmente causan la migración.

Referencias bibliográficas 

American Civil Liberties Union. (2024). Mass surveillance in the Trump era.

American Immigration Council. (2024). The cost of immigration enforcement and border security [Hoja informativa].

American Immigration Council. (2025). CBP One: An overview [Hoja informativa].

Amnesty International. (2023). The digital border: Migration, technology, and inequality.

Andreas, P. (2022). Border games: Policing the U.S.-Mexico divide. Cornell University Press.

De Genova, N. (2013). Spectacles of migrant ‘illegality’: The scene of exclusion, the obscene of inclusion. Ethnic and Racial Studies, 36(7), 1180-1198.

De Haas, H. (2023). How migration really works: A factful guide to the most divisive issue in politics. Viking.

Department of Homeland Security. (2025). CBP congressional budget justification, fiscal year 2026.

Fattoumi, F. (2026). Beyond recognition: The complexities of biometrics and minority rights. Open Journal of Social Sciences, 14(3), 15-35.

Human Rights Watch. (2024). “No podíamos esperar”: Sistema de dosificación digital en la frontera entre EE. UU. y México.

Mayhew, D. R. (1974). Congress: The electoral connection. Yale University Press.

Migration Policy Institute. (2024). Migration at the U.S.-Mexico border: A challenge decades in the making.

Pew Research Center (2024). How Americans View the Situation at the U.S.-Mexico Border, Its Causes and Consequences

WOLA. (2022). Taken away: U.S. border agents’ widespread confiscation of migrants’ valuable personal items.