El próximo 7 de febrero, Costa Rica celebrará elecciones con una gran concurrencia de partidos. Sin embargo, pocos de ellos tendrán mujeres en sus listas. A pesar de que existe legislación a favor de la participación de mujeres en política, la violencia en contra de ellas es preponderante, especialmente en espacios digitales. Es necesaria una normativa que regule de manera equitativa la participación política de las mujeres, y que vele por que dicha participación se desarrolle en un marco de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta la comunicación digital y sus consecuencias.

El proceso electoral costarricense, que concluirá con las elecciones del 7 de febrero de 2022, inició con la convocatoria a elecciones el 6 de octubre de 2021 por parte del Tribunal Supremo de elecciones (TSE). A partir de este día, las reuniones u otras actividades proselitistas en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos -además de los permisos de las autoridades correspondientes- debían contar con la autorización del TSE (artículo 137 del Código Electoral) (TSE, 2021).

Estas serán las elecciones con el mayor número de aspirantes, con un total de 25 partidos participando en las elecciones presidenciales y 36 en las elecciones legislativas. Cuatro de los partidos inscritos presentan a mujeres como candidatas presidenciales: Justicia Social Costarricense, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos y Unión Costarricense Democrática. De estos, únicamente Unidad Social Cristiana representa a los partidos tradicionales. El resto son partidos emergentes. 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, para estas elecciones la participación de las mujeres es mucho más significativa en las vicepresidencias, siendo esta la primera barrera para la representación de las mujeres en política: 

Fuente: Elaboración propia 

El panorama de género en las candidaturas presidenciales es distinto al de las diputaciones debido a que, en el año 2016, el TSE realizó una modificación parcial de la jurisprudencia entorno a la alternancia, y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) y o) y 148 del Código Electoral estableciendo la paridad y alternancia en las nóminas a candidatos a diputaciones a nivel provincial. (TSE, 2016, p. 227). Dicha modificación impactó de manera significativa en la participación efectiva de las mujeres en las elecciones y se traduce en la presencia de mujeres representando a cuatro de los partidos pol ticos en contienda (Nación/Data, 2018), lo que significó el 45,6% de la Asamblea Legislativa en el período 2018-2022. Pero también visibilizó de manera significativa la violencia política y violencia mediática que experimentan las mujeres cotidianamente (Martínez, 2020, p. 192). 

La mayor presencia de mujeres en puestos de toma de decisión y participación política contribuyen al aumento de las expresiones de violencia que estas viven. La violencia política contra las mujeres forma parte de un continuo de violencia en el que se entrelazan expresiones en espacios presenciales y digitales.  En ella se articulan la violencia de género con otras: clasismo, edadismo, racismo. Representa un ataque a la ideología y opiniones de las mujeres y sus cuerpos. En Costa Rica se encuentra en discusión en la corriente legislativa el Proyecto de Ley 20.2308 Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, que tiene como objetivo “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres” (Proyecto de Ley 20.308, 2021, p. 2). A pesar de las presiones ejercidas por mujeres políticas, el proyecto aún no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa (INAMU, 2021)

A partir de estudio cualitativo realizado en 2021 (1), en el que se entrevistó un total de 20 mujeres políticas (entre ellas diputadas, vicepresidentas, ministras y viceministras de los períodos 2014-2018 y 2018-2022), se pudo constatar que entre las formas más recurrentes de violencia política es la invisibilización del trabajo y experiencia de las mujeres, a pesar de que sus experiencias de liderazgo comienzan a edades tempranas. Otra forma de violencia es la reproducción de estereotipos de género en la distribución de funciones y tareas al interno de los partidos políticos. 

En lo que respecta a la violencia digital contra las mujeres en el ejercicio político, el estudio identificó entre las más frecuentes se encuentra el uso de palabras y expresiones ofensivas, especialmente vinculadas a su apariencia física, orientación sexual, edad. También se tiende a usar su filiación política. Una de las formas de descrédito y silenciamiento son los comentarios de índole sexual y amenazas a la integridad física. Existe una interconexión entre violencia política en los espacios públicos digitales y no digitales, que se expresa fundamentalmente en la manera en que los comentarios ofensivos van escalando hacia mensajes de odio y amenaza a la integridad del cuerpo de las mujeres. Esta violencia tiene como objetivo silenciar las voces de las mujeres y tiene un impacto en su ejercicio político,  limitando la expresión de opiniones y la difusión de ideas en el ámbito digital, especialmente las redes sociales. Lo anterior contribuye a la brecha de género en el uso político de las plataformas digitales, lo que en las actuales condiciones impuestas por la Pandemia de COVID-19 se suma a las restricciones a la participación política de las mujeres. 

Para estas elecciones se hace visible la necesidad de normativa que regule de manera equitativa la participación política de las mujeres; y que a la vez vele por que dicha participación se desarrolle en un marco de derechos humanos y que considere los cambios sociales que ha provocado la Pandemia, especialmente en lo que respecta al protagonismo de la comunicación digital como forma de interacción dentro y fuera del ámbito político.  

Referencias bibliográficas

Alfaro, J. (20 de marzo de 2021) 18 partidos políticos inscritos en el TSE tienen vía libre para participar en elecciones 2022. Disponible https://www.ameliarueda.com/nota/18-partidos-politicos-participar-elecciones-2022-noticias-costa-rica  

Benavides, T. (2019) El efecto de los mecanismos de paridad vertical y horizontal en la representación política en Costa Rica: el caso de las elecciones legislativas de 2018. Revista Derecho Electoral, 1er Trimestres, V. 27, pp. 151-183. Disponible https://docs.google.com/document/d/1bHGBB6z2cV95UIzy1tcRM_9aKxQ74T8ONl9_DsDO-JQ/edit 

Intituto Nacional de las Mujeres (INAMU) (24 de septiembre de 2021) Más de 600 lideresas urgen a diputadas y diputados aprobar ley contra violencia política a las mujeres. Disponible https://www.inamu.go.cr/mas-de-600-lideresas-urgen-a-diputadas-y-diputados-aprobar-ley-contra-violencia-politica-a-las-mujeres.  

Martínez, Y. (2020) Tensiones entre libertad de expresi n y derechos humanos de las mujeres. El caso de las noticias sobre violencia contra las mujeres en nacion.com y crhoy.com en 2018. En: PROLEDI (Ed.) II Informe de Libertad de Expresión. Universidad de Costa Rica. Disponible https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/80982?show=full.  

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. (2016). Resolución 3671-2016 de las diez horas del veintitrés de mayo.

Tribunal Supremo de Elecciones (2021) Cronograma Electoral. Disponible en https://www.tse.go.cr/2022/cronograma.html.  

Nota al pie 1:  Investigación “Mujeres y politics: Narrativas de negociación, confrontación y superación de la violencia política contra las mujeres en redes sociales en costa rica (2021-2022), proyecto desarrollado actualmente en el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica

Crédito de imagen: Women of Color in Tech (Christina)