Exploramos la conectividad y las tecnologías digitales como pilares del desarrollo inclusivo y del ejercicio efectivo de los derechos humanos en América Latina. Analizamos las brechas digitales y las vulnerabilidades asociadas al acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías, identificando barreras como la infraestructura insuficiente, las desigualdades económicas y sociales, y las limitaciones en capacidades digitales. Entendemos la conectividad no solo como un desafío técnico, sino como un factor determinante para la equidad social y la garantía de derechos fundamentales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, investigamos cómo las tecnologías digitales y las políticas públicas impactan libertades esenciales como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. Evaluamos tanto las oportunidades como los riesgos del entorno digital, promoviendo prácticas y marcos regulatorios que aseguren la no discriminación, la equidad y el acceso universal a los beneficios de la tecnología.

Nuestro enfoque empírico prioriza a las poblaciones más vulnerables —como comunidades rurales, indígenas y de bajos ingresos— y examina el papel de la conectividad como habilitador del desarrollo económico, la educación, la participación cívica y el acceso a servicios públicos esenciales. Buscamos incidir en políticas públicas que garanticen una conectividad universal, asequible y de calidad, y que consoliden un entorno digital seguro, justo y accesible para todas las personas.